La Justicia marroquí ha condenado a penas de entre dos meses y un año de cárcel a once personas militantes del Movimiento 20 de Febrero, que fueron detenidas durante el transcurso de la Marcha de los Sindicatos el pasado 6 de abril. La acusación es «violencia contra la policía» y «organización de una manifestación no autorizada».
La manifestación, celebrada en Casablanca, contó con la participación de 300.000 personas, según las organizadoras (10.000 según la prensa), en defensa de un poder adquisitivo justo, un compromiso gubernamental con la clase trabajadora y una justicia social universal. Una movilización coordinada por algunos de los sindicatos de trabajadores más importantes del país: Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT) y la Fédération démocratique du travail (FDT).
El juicio se celebró el pasado jueves 22 de mayo y contó con la presencia de una treintena de personas, de la Asociación marroquí de los Derechos Humanos (AMDH) y el Movimiento 20 de Febrero, a las puertas del Tribunal en protesta por la detención. El pasado sábado 25 de mayo, también unas 300 personas realizaron una marcha pacífica en Rabat, desde la plaza Bab el Had hasta el Parlamento, para pedir la liberación de los jóvenes.
Una condena contra el movimiento
Para el Movimiento 20 de Febrero las detenciones y posteriores condenas son una «persecución política» al movimiento y, además, han denunciado que durante los interrogatorios las personas retenidas han sufrido violencia física por parte de la policía.
El Movimiento 20 de Febrero se creó en 2011, durante las revueltas de la acuñada Primavera árabe. Nació contra «los ladrones que han destrozado el país» y fue impulsado por jóvenes marroquíes que pronto contaron con el apoyo de gran parte de la sociedad, aunque no llegaron a protagonizar acciones tan potentes como las ocurridas en Egipto o Túnez. Organizados por las redes sociales, tomaron las calles con reivindicaciones de mayor libertad y de una constitución realmente democrática, así como la división de poderes.
En estos momentos, pese a la nueva Constitución en Marruecos, aprobada el mismo año 2011, los dispositivos previstos para la participación social aún no se han traspuesto en textos normativos. Asimismo, la creación del Consejo Nacional para el Diálogo Social no da los frutos esperados y las relaciones entre instituciones y población son muy tensas. Y es que la libertad de expresión, en particular, es una asignatura pendiente que sigue encarcelando a gran cantidad de activistas en el país árabe.
Ahora, Hamza Heddi, Youssef Bouhlal, Hamid Alla, Abdellatif Sersari y Zaânon tendrán que cumplir un año de cárcel. Aârad Mustapha, Ayoub Boudad, Hakim Serroukh y Mohammed Harraq han sido condenados a seis meses de prisión. Y, finalmente, Fouad El Baz y Amina Lakbadi tienen una pena de prisión suspendida con una multa de 5.000 dirhams.
Desde NOVACT destacamos la falta de libertad de expresión, manifestación y asociación que se vive en el país e instamos al gobierno marroquí a acelerar la puesta en marcha de aquellos mecanismos de participación social recogidos en su Carta Magna, así como liberar a todas las personas presas por cuestiones políticas en Marruecos.
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