@Foto de portada:Joe Catron of Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
Numerosas organizaciones palestinas lideradas por Addameer, ONG que trabaja con personas encarceladas y torturadas en Palestina, han hecho una llamada internacional para forzar a Naciones Unidas a romper sus contratos con G4S. Hasta ahora, el organismo internacional está contratando a esta empresa privada para el control de seguridad de altos cargos como Ban Ki-‐moon, así como de las misiones internacionales que desarrollan, llegando a servicios por un valor de 22 millones de dólares.
Ayer 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, se ha lanzado una campaña de incidencia política con el envío de instancias y acciones en oficinas de Naciones Unidas en terreno para hacer visible el posicionamiento contrario a seguir beneficiando a una empresa cómplice con la vulneración sistemática de los derechos humanos de la población palestina a manos del gobierno de Israel.
“En 2007, G4S firmó un contrato con la Autoridad de Prisiones de Israel para proporcionar sistemas de seguridad y otros servicios para las principales cárceles israelíes. El 23 de febrero de 2013, el palestino Arafat Jaradat murió en la prisión de Megiddo en Israel, a raíz de su presunta tortura en el centro de interrogatorios Al Jalameh. La compañía ofrece sistemas de seguridad y controla la sala de control central en Megiddo; además de gestionar la seguridad de equipos para Al Jalameh”, explican desde War on Want, organización líder del boicot a la empresa G4S en Reino Unido. Sumado a la participación del sistema penitenciario de Israel, G4S también proporciona equipos y servicios a los puestos de control (checkpoints) israelíes en Cisjordania, que forman parte de la ruta del Muro de separación ilegal y del aislamiento de la ciudad sitiada de Gaza.
No es solo G4S,es el negocio de la guerra y su privatización
Las Empresas militares y de Seguridad Privada (EMSPs) sustituyen a los ejércitos y personal militar en cada vez más tareas y en mayor proporción. Este hecho se ha hecho muy evidente en conflictos como los de Afganistán (2001) e Irak (2003). En efecto, la guerra también se privatiza y lo hace adaptada al siglo XXI, a través de empresas multinacionales.
Según las investigaciones de NOVACT en el marco de la coalición internacional Control PMSCs, las EMSP son utilizadas en funciones tan delicadas como los interrogatorios, operaciones de combate y control de civiles. Todo sin ninguna regulación internacional o nacional que supervise las actividades, obligue a la reparación de daños a las víctimas de violaciones de derechos humanos o establezca unos protocolos de actuación, selección y formación del personal.
Este lucrativo negocio – G4S llega a facturar 7.300 millones de libras esterlinas en un año– no sólo vive al margen de normativas sino que tiene consecuencias directas en la tarea del país respecto a la protección de su ciudadanía. En Afganistán, por ejemplo, las empresas militares y de seguridad privada han perpetuado un modelo de sociedad militarizada con altos niveles de armas y población armada que desestabiliza el escenario de transición comenzado el año pasado.
Coincidiendo con la jornada de acción, NOVACT ha lanzado el informe “La privatización de la seguridad durante la ocupación israelí. El papel y el impacto de las empresas militares y de seguridad privada en los derechos humanos palestinos”.
El papel de las EMSPs en los territorios ocupados palestinos tiene algunas particularidades que lo diferencia de otras experiencias, como puede ser la de Afganistán e Irak. La principal singularidad es que el proceso de privatización llevado a cabo por Israel no se basa en la desregulación de la actividad de estas empresas y de otros contratistas privados, como los colonos, sino que las licencias y permisos para poder actuar se han apoyado con toda una serie de leyes nacionales y órdenes militares.
