Declaración del grupo de trabajo permanente para contrarrestar la reducción del espacio de la sociedad civil en Iraq
A pesar de que la Constitución iraquí garantiza un espacio de trabajo a la sociedad civil (art. 45), reconociendo al individuo el derecho a reunirse bajo diferentes formaciones y nombres para contribuir al proceso del desarrollo y a la acción política, económica y social, la realidad y su aplicación no son compatibles con lo estipulado en la constitución. Las obligaciones internacionales de Iraq claramente apoyan el derecho de asociación y a formar asociaciones, sindicatos, organizaciones y federaciones.
Está prohibido trabajar y formar sindicatos de estudiantes en todo Iraq, a excepción de la región de Kurdistán, aunque estos sindicatos de estudiantes se encuentran bajo el control y la influencia de un grupo limitado de fuerzas políticas y grandes partidos políticos. La cuestión es diferente para sindicatos de trabajadores y profesionales. Están sujetos a múltiples restricciones, entre ellas, se evita que trabajen en el sector público o impedir el pluralismo sindical, y un número significativo de sindicatos de trabajadores activos no están aún reconocidos. Hay muchos grupos de voluntarios activos en Iraq, aunque se enfrentan a una serie de dificultades a la hora de obtener los permisos para llevar a cabo sus actividades; algunos de ellos están incluso sometidos a restricciones. También, existen varias iniciativas gubernamentales orientadas a adoptar una ley para limitar el trabajo de los grupos de voluntarios y obligarles a entrar en un marco centralizado.
Aunque existe un marco legal y un mandato de registrar las ONGs, seguimos con atención los casos de violaciones estructurales a los que la sociedad civil se enfrenta diariamente. Además, las violaciones individuales contra algunas organizaciones amenazan con transformar el marco legal organizado en un medio de restricción, dominación y control sobre el movimiento de la sociedad civil.
En general, muchas de las formaciones de la sociedad civil recién establecidas se enfrentan a obstáculos complejos que se interponen en el camino de la organización legal de sus entidades y la obtención de personalidad jurídica. Los requisitos y el mecanismo del proceso de registro para las ONG no son conforme a la realidad. Se impone una forma específica de estructura interna de estos grupos y, en algunas ocasiones, incluso la elección del nombre, la estructura y la organización interna es controlada. Por otro lado, las organizaciones pre-registradas sufren problemas para mantener su estatus legal y administrativo adecuadamente.
Aunque exigen muchos requisitos, la respuesta de los departamentos competentes se retrasa y, a veces, sus sedes no son accesibles. Por ejemplo, el Departamento de ONGs iraquí está ubicado en la “Zona Verde”, para la cual la obtención de los permisos de visita es difícil. El Departamento de ONGs en Erbil limita la continuación del estatus legal adecuado de cada organización registrada, exigiendo la obtención de una orden administrativa anual, la cual requiere mucho esfuerzo, trabajo y seguimiento. Sin embargo, su obtención no está garantizada. No hay coordinación entre el Departamento de ONGs de Bagdad y el de Erbil. Esto hace que existan dos mecanismos que no se armonizan y aumentan la carga de las organizaciones que realizan más de un proceso de registro.
Aunque muchas organizaciones han cumplido con estos complejos requisitos, no pueden operar libremente, ya que las autoridades les requieren medidas adicionales, cómo la exigencia de obtener previamente aprobaciones administrativas o de seguridad para llevar a cabo ciertas actividades y programas. Los elementos de seguridad también están acosando a alguno de los trabajadores y activistas de las organizaciones. Ha habido casos donde algunas organizaciones han pedido que no se contratara a una o más personas por su activismo civil o porque eran defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el 25 de junio de 2022, un taller llevado a cabo por Al-Firdaws Association en Basra fue asaltado por las Fuerzas de Seguridad Nacional, interrumpiendo la actividad sin ninguna razón.
Las organizaciones de la sociedad civil, cercanas al movimiento de la no-violencia, a la protesta y a la exigencia de reformas políticas, sociales y económicas, son en muchos casos amenazadas con ser incluidas en listas negras o su clausura sin motivo legal. Nótese que Iraq ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual garantiza la libertad de asociación y la contribución a los asuntos públicos.
Como se ha mencionado anteriormente, un grupo de activistas internacionales e iraquíes se reunieron para confrontar esta realidad, solicitando a las organizaciones internacionales y locales y a los actores relevantes que tomaran acciones para confrontar el fenómeno de las restricciones a la sociedad civil y se lanzó la iniciativa Masaha (espacio en árabe): Un grupo de trabajo permanente para contrarrestar la reducción del espacio de la sociedad civil en Iraq.
El grupo se centrará en monitorear el espacio de trabajo de la sociedad civil en Iraq con el objetivo de identificar las violaciones y amenazas a la sociedad civil, abogando por la libertad de acción y la aplicación de las obligaciones constitucionales y los estándares internacionales para garantizar que ningún obstáculo pueda restringir el trabajo de la sociedad civil o su libertad de contribuir al desarrollo.
MASAHA es un grupo de trabajo abierto para dar cabida a todos los actores de la sociedad civil que están preocupados u operan en Iraq, donde todos los interesados pueden participar en el movimiento para defender un espacio seguro y libre para el trabajo comunitario en Irak. El grupo emitirá periódicamente informes de documentación y celebrará reuniones con las partes interesadas, los actores y las personas influyentes para alcanzar la meta y los objetivos del grupo de trabajo.
