En España fueron más de 20.000 las personas sancionadas o investigadas por ejercer sus libertades fundamentales en 2017. Fundipau, Irídia, Novact, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i Omnium, entre otras muchas entidades adheridas, lanzamos una campaña para crear un frente común contra la vulneración de derechos y la represión.

Criminalizar la promoción de la noviolencia es un ataque directo al ejercicio democrático de los pueblos y por tanto, refleja la deriva autoritaria del gobierno español.

Ponemos sobre la mesa la necesidad de brindar un mayor apoyo a su trabajo y de ejercer más presión internacional a fin de mejorar los mecanismos de protección de los derechos humanos y de sus defensoras.