Condenamos que se impida, se limite y se criminalice la tarea de las ONGDs en el Mediterráneo e instamos a la comunidad internacional, a que defienda la legitimidad de las ONGD que defienden y promueven los Derechos Humanos.

Criminalizar la promoción de la noviolencia es un ataque directo al ejercicio democrático de los pueblos y por tanto, refleja la deriva autoritaria del gobierno español.

El Relator especial de Naciones Unidas para defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Forst, ha visitado España de manera no oficial.