En Afganistán se ha producido un proceso de privatización de la guerra y la seguridad sin precedentes. Aún así, la desestabilización y la violencia continúan imperando en el país, favoreciendo a un negocio donde la seguridad no es un bien público, sino un bien limitado a los extranjeros y afganos ricos. Un negocio, el de los ejércitos privados, que sobrevivirá a la retirada de las fuerzas militares extranjeras previstas para el 2014.
NOVACT, en cooperación con la Coalición Internacional Control PMSC, ha presentado los resultados de la investigación Ejércitos privados corporativos en Afganistán. La regulación de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSPs) en un territorio de operaciones. Aquí puedes descargar la investigación completa.
El acto de presentación se ha enmarcado en un debate abierto sobre la cultura de la guerra y su privatización con la participación de personas expertas en conflictos armados y sus consecuencias, periodistas especializados y ciudadanía preocupada por los negocios que contratistas privados hacen con la guerra.
El informe presenta un análisis basado en un estudio de caso sobre el uso y actividades de las EMSPs en situaciones de conflicto y, en particular, se centra en cómo Estados territoriales donde estas empresas operan, como Afganistán, responden al desafío de la regulación y control de estos actores armados .
Según el informe, una de las conclusiones más destacables es que una parte de las EMSPs continuarán en Afganistán como un elemento armado, sobreviviendo a la retirada de las fuerzas militares extranjeras previstas para el 2014. Estas empresas son actores importantes que perpetúan un modelo de sociedad militarizada, que puede tener efectos potencialmente desestabilizadores en el escenario de transición del país.
Nuevas dimensiones de la privatización de la guerra
Siendo el máximo exponente de la guerra global contra el terrorismo, el conflicto de Afganistán (2001 -presente ) es, junto con Irak, uno de los primeros ejemplos de la privatización de la guerra contemporánea. El uso de contratistas privados en el marco de conflictos armados no es una política nueva, pero en Irak y Afganistán ha adquirido nuevas dimensiones contemporáneas: no sólo ha aumentado drásticamente en número y forma, ahora corporativa, sino también el tipo de servicios que realizan. Del 2001 al 2007, el número estimado de las EMSPs presentes en Afganistán variaba entre 60 y 140 empresas, con alrededor de 18.000 a 28.000 efectivos. Además, estas empresas han realizado todo tipo de servicios militares y de seguridad. Desde el transporte y protección de convoyes militares, la formación y entrenamiento de fuerzas armadas locales, y la protección de embajadas y proyectos de reconstrucción, hasta la desactivación de minas y la erradicación de cultivos de opio, el apoyo operacional directo (incluido el manejo de drones), y tareas de inteligencia como el interrogatorio de prisioneros.
Derechos humanos, desconfianza e inseguridad
Los abusos cometidos por contratistas también son una base sustancial del impacto que las actividades de estas empresas han tenido sobre los derechos humanos de la población local afgana.
Diversos estudios de investigación de campo proporcionaron información fiable que muestra que , si bien los servicios de las EMSP están generalmente vinculados a la seguridad , el uso y las actividades de las empresas no ha dado lugar a un desarrollo positivo en el ámbito de la seguridad general del país. Por el contrario , los estudios han señalado que el gran número de individuos armados, vehículos y armas, así como los vínculos entre estas empresas y las milicias nacionales, ha creado un sentimiento de desconfianza, miedo e inseguridad entre la población local y envía el mensaje de que la seguridad no es un bien público , sino un bien para los extranjeros y afganos ricos .
En esta línea, el estudio destaca la necesidad de una reglamentación internacional de las EMSPs que sirva para la regulación en el momento de su llegada a los países en guerra. Desde una perspectiva de derechos humanos, esto podría significar que los estados territoriales tengan un compromiso real con el cumplimiento de sus obligaciones de proteger los derechos humanos y de garantizar el respeto del derecho humanitario bajo su jurisdicción.
Esta investigación es la segunda de la serie La privatización de la guerra financiada por el programa de cooperación internacional Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, que comenzó con un informe en profundidad del caso de Irak y el uso de mercenarios en el país. Publicación que se presentó al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de Mercenarios en Ginebra (Suiza) en octubre de 2011. Ahora lo puedes consultar y descargar aquí.
También podéis seguir el acto a través de streaming en nuestro canal de Bambuser o en el Twitter utilizando el hashtag #ControlPMSCs.
