El pasado 21 de julio, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de Mercenarios organizó una conferencia en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York para discutir el proceso de privatización de la guerra y el impacto de los derechos humanos de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP), especialmente al derechos de los pueblos a la auto-determinación.
En el acto participaron 17 representantes de Estados (EEUU, Canada, Ecuador, República Centroafricana, Nepal, Chile, Polonia, Austria, Emiratos Árabes, Unión Europea, Brasil, Liechtenstain, Kazakhstan, Estonia, Filipinas, Afganistán y Ucrania), expertos de Universidades y organizaciones de la sociedad civil internacional. NOVACT, fue una de las organizaciones invitadas como experta en la materia y panelista.
Jordi Palou-Loverdos, experto asesor de NOVACT, representó a la organización analizando los aspectos de rendición de cuentas de las EMSP y el remedio para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por estas empresas transnacionales. Asimismo, se aprovecho la ocasión para presentar la última investigación de NOVACT “The Invisible Force” un análisis comparativo del uso e impacto de las EMSP en los contextos de Colombia, Iraq y los Territorios Ocupados Palestinos.
Las diferentes intervenciones plantearon retos claves del fenómeno de la privatización de la guerra. En primer lugar, la expansión de la industria de las EMSP. El experto Oladiran Bello, de la organización Good Governance de Nigeria, afirma que actualmente operan en su país 3.000 EMSP. En este sentido, la experta legal de la organización Center for Constitutional Rights, Katherin Gallagher, afirmó que durante el período de gobierno de Obama, los contratistas privados han superado de largo la presencia militar de Estados Unidos en muchos contextos.
En segundo lugar, el impacto negativo de las EMSP en los derechos humanos. El experto Bello explico que las EMSP son contratadas por multinacionales para controlar los recursos naturales de Nigeria lo que supone una amenaza a los derechos económicos, sociales y culturales de los nigerianos y nigerianas, un aspecto fundamental para el derecho de auto-determinación de los pueblos. Jordi Palou, explico que entre los más de 100 casos de violaciones de derechos humanos analizados por NOVACT, se distinguen abusos relacionados con torturas, disparos indiscriminados a civiles, complicidad en contextos de ocupación como en Palestina; espolio de recursos naturales, transferencia de población ocupante, confiscación de tierras, entre otros.
En tercer lugar, las dificultades para el monitoreo de las actividades de las EMSP. Algunos participantes plantearon las dificultades para documentar casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las EMSP. En este sentido, NOVACT anunció el futuro lanzamiento del Observatorio sobre Derechos Humanos y Empresas Militares y de Seguridad Privada: Shock Monitor. Solicitando apoyo del Grupo de Trabajo y de la comunidad internacional para poder extenderlo a nivel mundial.
En cuarto lugar, los grandes desafíos para la litigación de abusos de derechos humanos cometidos por las EMSP. La experta Gallagher mencionó que los casos de tortura en Abu Ghraib por EMSPs muestran los problemas para enjuiciarlas inclusos en contextos de aplicación de las Convenciones de Ginebra. Oladiran Bello, asimismo, menciono la arquitectura de la impunidad con la que operan las empresas transnacionales militares y de seguridad.
Por tanto, muchos participantes concluyeron que existían grandes vacíos legales a nivel nacional e internacional para exigir responsabilidad a las empresas, individuos y a los Estados por los crímenes cometidos por las EMSP. A pesar de las evidencias mostradas por las ponencias, los representantes de Estados Unidos aseguraron que ya existen mecanismos legales efectivos y complementarios como el Documento de Montreux y el Código de Conducta Internacional. El representante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, Gabor Roma, afirmó que cada vez se hace más evidente la necesidad de crear un Tratado Internacional para regular de forma efectiva el sector de las EMSP.
